Referentes políticos, personalidades, organizaciones sociales y profesionales de Río Negro, han adherido a un documento que promueve el "Acuerdo de Seguridad en Democracia". El escrito rescata las necesidades de empleo, demandas sociales, culturales, económicas, civiles y políticas que emanan desde distintos sectores sociales. Si bien es cierto que en el 2009 se celebró un acuerdo con alcance nacional, los trágicos hechos de San Carlos de Bariloche y la crisis rionegrina en materia de seguridad, aceleraron los plazos de la mencionada propuesta. Varios referentes sostienen que la seguridad no debe estar unicamente en manos de la policía y aseguran que "la mejor seguridad es la preventiva".
Algunas medidas consensuadas entre los adherentes del "Acuerdo de Seguridad en Democracia", son que se inhabilite para actuar en democracia a todos los que participaron en el gobierno de la dictadura o cometieron crímenes de lesa humanidad; que la política de seguridad desde la secretaría hasta la jefatura de policía y los establecimientos carcelarios, quede a cargo de civiles con especialización en seguridad ciudadana; que se implemente el mecanismo preventivo contra la tortura y se garanticen condiciones dignas de encarcelamiento; que se profesionalice y reconozca el trabajo de los policías para que gocen de una justa retribución y que se fijen estándares para el manejo de la policía en espectáculos públicos, manifestaciones y desalojos.
Sobre fin del año 2009 en el orden nacional se celebró un Acuerdo de seguridad en democracia promovido por organismos de derechos humanos de Nación, entre ellos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, CELS; y que cuenta con la adhesión de legisladores de diversos bloques nacionales, entre ellos, a saber: el Diputado Rossi, Adela Segarra, Héctor Recalde, E. Calcagno del Bloque del Frente para la Victoria; por Ricardo Alfonsín, por Eduardo Macaluse, por Victoria Donda, por los máximos dirigentes gremiales de la CTA y de la CGT.En Río Negro, el diseño de la política de seguridad demanda consensos tanto como una participación abierta y plural. Requiere también, la implementación de políticas democráticas de seguridad que comprendan la interculturalidad y el pluralismo étnico de nuestra provincia, así como también el reconocimiento de los derechos a los Pueblos Originarios.
Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura.
Legisladores:
Beatriz Contreras, Presidenta de la Comisión de DDHH
Silvia Horne, Secretaria de la Comisión de DDHH.
Renzo Tamburrini.
Iván Lázzeri.
Nelly Meanna.
Irma Haneck
Ademar Rodríguez (Presidente del Bloque del Partido Justicialista)
Luis Bardeggia (Presidente del Bloque Foro Rionegrino)
Pedro Pesatti
Juan Carlos del Bello, Rector de la Unviersidad Nacional de Río Negro.
Gregorio Kaminsky, Director de Instituto de Políticas Públicas y Gobierno de la UNRN y Coordinador de la Carrera Licenciatura en Seguridad Ciudadana de la UNRN.
Osvaldo Alonso, Decano del CURZA - Univ. Nac. del Comahue.
Lucrecia Reta, Presidenta de FADECCOS.
Néstor Busso, por FARCO.
Radio Encuentro.
Aldo Massini, Radio Antena Libre de FADECS - UNC.
Martín Lozada, Profesor de Derecho Internacional
Seminario de Derechos Humanos de la FADECS - UNC
Pastoral Social y Pastoral Carcelaria.
Mario Sánchez, por Foro Permanente por la Vida Digna.
Comisión por Ata.
Luis Giannini, Secretario gral. de CTA
Marcelo Mago, por CTERA.
Marcelo Nervi, Sec. Gral. de UNTER.
SITRAJUR.
Jorge González, Comisión ATE Renar.
Y conitnúa.
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Hacia una POLITICA para la SEGURIDAD en DEMOCRACIA
Siguiendo el antecedente de un Acuerdo celebrado en el orden nacional a fines del año 2009, promovido por diversos organismos de derechos humanos del orden nacional, procuramos generar este compromiso de creación de un espacio para delinear una política de seguridad en democracia. En estos momentos críticos de la provincia, consituye una oportunidad para hacer una transformación que responda a esta demanda social históricamente postergada.
Los que adherimos nos comprometemos a promover los principios y declaraciones como las medidas mencionados en este Documento:
1. El Estado frente al delito
La falta de una política pública de seguridad respetuosa de los Derechos Humanos, ha alentado un discurso de mano dura, de autoritarismo y de violencia cuyos efectos pueden ser institucionalmente graves.
Esta ausente una respuesta estatal consistente frente al delito. Solo se ha limitado a dejar a cargo de la policía toda la actividad de seguridad que es un tema de una complejidad mucho mayor y que le excede a los actores mencionados.
Como toda actividad que se considera de importancia, requiere de consensos en el diseño, de una participación abierta y plural y la implementación de políticas democráticas de seguridad que comprenda la interculturalidad y el pluralismo étnico que caracteriza a nuestra provincia y reconozca los derechos de los Pueblos Originarios.
El Estado tiene la responsabilidad de asegurar a la población el libre ejercicio de sus derechos y de actuar con respeto irrestricto a la Ley Suprema de la Nación y por ende a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional.
En ese contexto, debe proveer los medios para individualizar a los responsables de los delitos y sancionarlos conforme la ley. Una adecuada política criminal y de seguridad cuenta con:
· Una policía eficaz en la prevención, de alta profesionalidad, debidamente especializada, preparada física, psicológica y académicamente, reconocida también como sujeto de derecho y debidamente remunerada;
· Una justicia penal que investigue y juzgue en plazo razonable y garantice el debido proceso y la defensa en juicio dejando de lado las políticas inquisitivas;
· condiciones dignas de encarcelamiento.
2. Hay que desactivar las redes del delito para reducir la violencia
En nuestro país, la acción del Estado y así lo promovieron los partidarios de la “mano dura” frente al incremento del delito, se redujo a respuestas superficiales y demagógicas que pusieron en evidencia la ineficacia policial y judicial. Ante los cuestionamientos a esta ineficiente y pobre política de seguridad, siempre hay voces que se alzan a los fines de insistir en ellas y prometen soluciones si se aumenta la fuerza policial, las penas, la población en cárceles y comisarías, y el debilitamiento de las garantías.
Desde los años de la dictadura se alientan esas medidas y se las ha implementado. Pero todas ellas han acabado en claros y rotundos fracasos.
Se traducen en la invisibilización de los crímenes más graves: los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura y los que se ha cometido y siguen cometiéndose durante la democracia: la tortura, la trata de personas, entre otros.
Esas políticas de "mano dura" no lograron el descenso del delito, pero sí impidieron la profesionalización de las policías y facilitaron dinámicas de funcionamiento policial ilegal que afectan la gobernabilidad democrática y propician la aparición de elementos policiales al servicio del crimen. Todo ello se trata de ocultar haciendo alharaca con supuestas resoluciones de casos en los que se persiguen pequeños delitos. Y se persigue a los supuestos “grandes” criminales que suelen ser niños o jóvenes de poca edad pero que sirve para ocultar poderosas redes criminales.
Mientras la policía se entretiene tras estos pequeños “delincuentes”, creemos que no hay desactivación de las redes de delito. Y nos sorprendemos por ejemplo cuando desde la Aduana Nacional se señalan delitos que involucran a personas de nuestra región o cuando encontramos que se ha acreditado la conexión entre proxenetas y policías en casos judiciales de trata de personas, sin que haya penas hasta el presente y sin detenernos en los innumerables casos de homicidios y crímenes graves impunes.
La reducción de la violencia en todas sus formas impone urgentemente operar sobre las causas del delito. Para ello es indispensable y urgente una concepción integral de la seguridad que asegure protección y mejores condiciones de vida a todos y en especial a los sectores excluidos.
En síntesis, debe : a) Priorizar la investigación de los crímenes contra la humanidad y los de mayor gravedad, capacitándose debidamente; b) Inhabilitar para el ejercicio de la función pública en la democracia a los que hayan ejercido funciones públicas durante la dictadura y que sean responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad o estén siendo procesados por estos delitos; c) Controlar desde la Legislatura y conjuntamente con organismos de derechos humanos los antecedentes de los policías o penitenciarios al momento de otorgar ascensos a los fines de asegurar que no se ascienda a los miembros de la fuerza policial o penitenciario cuestionados por la comisión de crímenes; d) Desactivar las redes del delito; d) Abandonar la discriminación y el discurso de persecución contra los jóvenes y los pobres; e) No ocultar tras estos señalamientos a los responsables de los crímenes más graves; f) No utilizar un lenguaje de incriminación de delitos aludiendo a "usurpadores", "delincuentes juveniles", "ladrones" cuando nunca hubo una condena dictada por un Juez.
3. Gestión democrática de las instituciones de seguridad
Las policías deben responder a una conducción civil y política capaz de ejercer el gobierno y el control de cada institución y capaz de definir una política pública de seguridad.
La gestión democrática de la seguridad debe garantizar el regulado accionar policial en los operativos en el espacio público (espectáculos, manifestaciones de protesta social y desalojo de personas), que establezca estándares de actuación.
Esto implica entre otras, las siguientes pautas: a) Definir políticas de seguridad integrales y preventivas; b) Trabajar conjunta y coordinadamente las áreas de Promoción Familiar, Secretaría de Trabajo, Consejo provincial de Educación y Consejo Provincial de Salud Pública, Ministerio de Gobierno, Legislatura provincial, para una seguridad integral y preventiva, que no se limite a la seguridad policial y que garantice el respeto y protección a los derechos sociales, económicos, culturales, civiles y políticos, con la creación de empleo, sin remuneraciones en negro; c) Privilegiar las medidas que garanticen el debido proceso; d) Fijar estándares y límites claros y precisos en el accionar policial en los espectáculos, en las manifestaciones de protesta social, en el desalojo de personas; e) Descentralizar y democratizar la institución policial; f) Construir un sistema de formación y capacitación policial no militarizado y que destierre prácticas ajenas a lo estipulado en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos; g) Designar en la conducción de la seguridad, como de la fuerza policial y de los establecimientos de ejecución penal y cárceles a civiles con probado conocimiento.
4. Control judicial y cumplimiento de las penas en un Estado de Derecho
El Poder Judicial y el Ministerio Público tienen la principal responsabilidad en nuestra provincia para asegurar que el respeto de los derecho ciudadanos, la investigación de delitos, el contralor del abuso de la prisión preventiva y de las condiciones de detención de las personas privadas de libertad como de la violencia institucional.
Hasta ahora, las políticas de seguridad se han centrado en el encarcelamiento, en condiciones inhumanas de detención y de sobrepoblación en cárceles y comisarías, en falta de trabajo y educación, en acentuar las políticas de marginalidad. Es evidente el fracaso de toda reinserción social en estas condiciones.
La tortura es una práctica sistemática y en nuestra provincia está pendiente un gesto que demuestre la decisión firme de lograr su erradicación como se refleja al mantener pendiente la creación del mecanismo de prevención contra la tortura exigido por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
Es imprescindible en las cárceles: a) que se facilite el estudio formal e informal en diversos niveles; b) la preparación en oficios y la conformación de talleres de trabajo; c) la creación del mecanismo de prevención contra la tortura
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