viernes, 8 de enero de 2010

El derecho a la Ciudad y el derecho de ser oidos

El lunes 28 de diciembre la Legisladora Silvia Horne concurrio invitadapor los vecinos al asentamiento de Villa Obrera de General Roca.
Alrededor de 50 viviendas precarias albergan a otras tantas familias
jóvenes, originarias del mismo barrio.


La tendencia de expulsar a las familias de sectores sociales postergados a lugares alejados ha sido materia de preocupación en ámbitos especializados en cuestiones de hábitat.
La voracidad de parte del sector rentístico imprime la manera de abordar la problemática del acceso al suelo y la vivienda, y de la mano de estamentos del Estado, prefieren usufructuar del valor económico de los predios centrales y derivar a los pobres a tierras de la periferia.
Esta dinámica encuentra su contracara en la forma en que se va acuñando fuertemente el valor del arraigo en quienes aspiran a contar con su vivienda, aferrándose a los territorios en que habitaron desde siempre, en los que aun viven las generaciones de sus mayores, está emplazada su escuela, su plaza, y su historia de pobreza y marginación cuando aun configuraban un barrio periférico, sobrellevada con dignidad durante tantos años.
Los vecinos de Villa Obrera reivindican todo el procedimiento legal realizado desde 2008, de peticionar ante el municipio que la franja que siempre estuvo ociosa, solo cuidada por ellos mismos, se destinara a viviendas por el crecimiento poblacional del barrio.
Recuerdan con detalle cada gestión realizada ante la Municipalidad. Haber recorrido cada paso hasta ver en Obras Públicas del Municipio de Roca el dibujo del plano que esbozaba el loteo necesario, incluso la formación del expediente para su tratamiento en el Consejo Deliberante.
Luego todo se detuvo en el despacho del Intendente. Ningún pedido de diálogo obtuvo respuesta. Solo insultos y amenazas a través de los medios.
La mayoría de los vecinos que habitan la franja Norte de Villa Obrera estaban inscriptos previamente para acceder a loteos sociales, tampoco habían sido incluidos, ni obviamente cuentan con recursos para adquirir terrenos fiscales que fueron a remate. Tampoco pudieron dialogar con el municipio en la única audiencia de conciliación, ya que este último solo expreso que no buscaría ningún acuerdo, haciendo oídos sordos a la presencia de los vecinos.
Todos sabemos que la demanda de vivienda es acuciante. Que el conflicto entre quienes aspiran al disfrute de este derecho y el Estado, garante del mismo, no se resuelve en forma inmediata. Pero es inexcusable impedir una mesa de diálogo para encontrar en un marco respetuoso una solución progresiva a la necesidad de las familias. Es responsabilidad ineludible de quien gobierna en un país democrático.
En Asamblea de vecinos explicaron su situación, su historia, sus necesidades. Esperan ser oídos y tenidos en cuenta por parte de quienes tienen capacidad de tomar decisiones.Quienes demandan el acceso a lotes o viviendas sociales merecen el respeto y la transparencia de los mecanismos de asignación de los mismos. No son dádivas del poder, sino derechos de las personas, consagrados por la Constitución y los Pactos y Tratados Internacionales incorporados en la reforma de 1994.

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